El pasado 23 de diciembre de 2015, el Tribunal Supremo dictó una sentencia declarando nula la cláusula que utilizan todas las entidades financieras para obligar a los consumidores a pagar integramente los gastos de formalización de su hipotecas: gastos de Notaría, Registro de la Propiedad e Impuesto de Actos Jurídicos Documentados.

La referida cláusula es casi idéntica en todos los préstamos:

Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escrituras, modificación -incluyendo división, segregación o cualquier cambio que suponga alteración de la garantía- y ejecución de este contrato, y por los pagos y reintegros derivados del mismo, así como por la constitución, conservación y cancelación de su garantía, siendo igualmente a su cargo las primas y demás gastos correspondientes al seguro de daños, que la parte prestataria se obliga a tener vigente.

En concreto, el Tibunal Supremo considera que quien tiene el interés principal en la documentación e inscripción de la escritura de préstamo como garantía es si duda el Banco y por tanto, es el Banco el que debe costear los gastos.

Asimismo, el Tribunal Supremo critica duramente a los bancos, que por medio de una cláusula impuesta y sin posibilidad de negociación, obligan a que estos gastos sean siempre asumidos por el solicitante de la hipoteca, cuando realmente, el interesado en la inscripción registral de la hipoteca es el banco pues será el que hará uso de la misma y de su carácter ejecutivo judicialmente si el comprador impaga las cuotas.

Pueden reclamar todos aquellos consumidores que hayan asumido estos gastos de formalización de la hipoteca impuestos por el Banco siempre que no hayan pasado más de 4 años desde que terminaron de pagar su hipoteca.

Lo más común es que al contrario de lo defiende el Tribunal Supremo -que mantiene que el interesado en que se inscriba el préstamo hipotecario es el banco y que por tanto ha de ser él quien asuma los gastos de gestión-, la entidad financiera defienda que quien debe asumir los gastos es el cliente en tanto que él es el verdadero interesado en la inscripción, ya que ésta es condición indispensable para que la entidad financiera le conceda el préstamo.

En cualquier caso, sobre este punto, la sentencia del Tibunal Supremo es clara y no admite interpretación

• Sin provisión de fondos.
• Cobramos un 15% de las cantidades recuperadas + IVA, ya sea judicial como extrajudicialmente, con un mínimo de 150 €+ IVA.
• Y  sin condenan al banco, las costas procesales, que abonaría el propio banco.

• Servicios de abogado.
• Tramitación completa de la reclamación, extrajudicial y judicial, en todas las instancias hasta el tribunal supremo, incluyendo la ejecución y la tasación de costas.
• Atención telefónica y por e-mail, así como atención presencial para preparar el juicio si fuera necesario.
• Servicios de procurador. Tramitación completa en todas las instancias.

Poder para pleitos

Es un documento que se firma ante notario y que apodera al abogado y procurador que le van a representar en el juicio.

Este documento se puede firmar en cualquier notaría de España y lo suelen entregar en el momento y sin cita. Tiene un coste aproximado de 50€.

Tenemos un modelo a su disposición que puede llevar a su notario de confianza o indicarles varias notarias con las que RD Asesores colabora.

Tasas

Sólo están obligadas a pagar tasas judiciales las empresas. El importe de la tasa se calcula sobre un fijo de 300 € para más de 6.000 € y de 150 € para menos de 6.000 €, en ambos casos,  se añade el 0,5% de la cuantía reclamada, siempre que la reclamación sea mayor a 2.000 €.

Gastos adicionales

Los gastos de desplazamiento para actuaciones procesales en la localidad donde se contraten, las conversaciones telefónicas y las fotocopias están incluidos.

No están incluidos el depósito obligatorio para recurrir (entre 25€ y 50€) y el envío de mensajeros o correo certificado y burufax, que los tendrá que abonar el cliente.

Antes de incurrir en cualquier gasto extraordinario que deviniera con ocasión de la tramitación del expediente será previamente consensuado con el cliente.